El representante Joel Franqui Atiles enfatizó en que Puerto Rico no puede continuar considerando el uso de gas natural como energía, en momentos que la mayoría de los países del mundo se están dirigiendo con éxito a la conversión de la energía renovable.
“Es increíble que se siga invirtiendo en proyecciones de gas natural y combustibles fósiles si ya existe la tecnología para ir moviéndonos a energía renovable. De momento y a corto plazo lo más rapidito es gas natural en unos aspectos para mantener la energía, pero ya tenemos que tener un plan agresivo para movernos en los próximos años a energía renovable”, expresó al presidir incidentalmente los trabajos de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía
Incluso, insistió quede no haber una conversión a ese sistema, el Gobierno continuará sufriendo los mismos problemas que causaron los huracanes Irma y María, los temblores o cualquier otro desastre natural de aquí a 20 años. Por lo que sometió el Proyecto de la Cámara 1879 bajo discusión, cuyo fin es crear la “Ley de Transformación y Modernización al Consumo de Energía en Viviendas”.
Esto, con el fin de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) conceda un incentivo ascendente al 80 por ciento del costo total e instalación de sistemas de energía renovable y disponer que el exceso de energía que produzcan los sistemas instalados y adquiridos mediante el incentivo serán utilizados para la reducción del costo energético.
Del mismo modo, sostuvo que la AEE está en reconstrucción y debe llevar a cabo un plan comprensivo que incluya asistencia directa a los dueños de hogares y comercios para que puedan transformar su consumo energético en beneficio del pueblo y del Gobierno.
A esos efectos, Franqui Atiles exhortó a que deben encaminar los esfuerzos en cumplir con la Ley 17, que crea la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y dispone que para el año 2024 la capacidad de la producción de energía renovable debe ser de un 40 por ciento.
Sobre lo antes expuesto, el licenciado Tomás Vélez, de la División de Planificación y Protección Ambiental de la AEE, indicó que en las condiciones en que se encuentra la Autoridad no puede sufragar los costos y no es posible alcanzar la meta en cuatro años, aunque mencionó que sería a largo plazo.
“Ante el desastre natural ocasionado por los huracanes Irma y María, gran parte de la infraestructura de la autoridad quedó destruida. Previo a los huracanes la Autoridad se acogió a un proceso de quiebra bajo el Título III de la PROMESA. Como consecuencia de estos dos eventos la autoridad se encuentra en un proceso de recuperación y reconstrucción del sistema eléctrico y de reestructuración financiera y fiscal”, explicó el funcionario.
Seguido, Franqui Atiles abordó que “no hay voluntad de la AEE de movernos a energía renovable. No le veo la voluntad de las demás agencias. En cuanto a que no tiene los fondos, el mismo proyecto indica que los fondos a utilizarse son federales y del CDBG-DR. Sobre que sería a lrgo plazo… si, pero que esos largos plazos de ellos nunca uno los ve. Tenemos que movernos, forzarnos que que se vea en el plan de la AEE se muevan en la dirección de energía renovable”.
Por otra parte, el licenciado Edison Avilés, presidente del Negociado de Energía, avaló el proyecto de ley al opinar que adelanta la meta de la Ley 17, para lograr establecer el uso del 40 por ciento de energía renovable en los próximos cuatro años.
“La presente medida es cónsona con la Ley, porque promueve que más dueños de hogares puedan generar energía en sus predios, motivados por los incentivos económicos adicionales provistos en la medida. En Estados Unidos, bajo la ley federal llamada Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA), las empresas de utilidades de servicios públicos deben permitir en los hogares que producen su propia energía se conecten a la red de energía y deben comprar cualquier exceso de energía que produzcan dichos hogares o negocios. Hay que invertir en la red (de la AEE) y descansar en los fondos federales”, opinó el Licenciado.
Asimismo, la licenciada Maretizie Díaz, directora del Programa de Recuperación de Desastres (CDBG-DR), indicó que esta Administración ha sido constante en su compromiso de establecer un modelo de energía basado en fuentes renovables y amigables.
Díaz expresó que además de la legislación local, a consecuencia de la devastación de los huracanes Irma y María en el 2017, el gobierno federal a través de Housing Urban Development, ha asignado cerca de $20 mil millones al Gobierno de Puerto Rico bajo el Programa de Community Development bloc Grant- desaster Recovery (CDBG-DR) para apoyar la recuperación de Puerto Rico.
A preguntas del representante Franqui Atiles, la abogada informó que el Departamento estaría recibiendo $1.9 billones de FEMA a esos efectos. También, que esta tarde participará en una reunión para discutir los pormenores de la partida federal. Por lo que el legislador señaló “pues, si vienen $1.9 billones de fondos federales exclusivamente para atender energía. Pues, nosotros proponemos que se utilice y que sea directamente para el pueblo. Es lo que buscamos. Si de la reunión que ella va a tener en torno a los fondos federales entendemos que tenemos que enmendar el proyecto para llegar a esos fines, así lo vamos a hacer.Durante la vista pública, el licenciado Carlos Ríos Pierluisi, asesor legal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio objetó el proyecto dado que “entendemos que la forma en que la medida pretende financiar el objetivo del 80 por ciento podría ser inadecuada. No podemos perder de perspectiva que la AEE está en proceso de reestructuración de su deuda y cualquier decisión puede incidir en sus obligaciones o plan fiscal”. Mientras que el Licenciado Hecrian Martínez en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico se circunscribió a la opinión de la AEE.
